Definitivamente uno de los sectores de la economía colombiana en el que los consumidores estamos más en desventaja, es en el de la salud. Es absolutamente asombroso lo que está sucediendo, sin que autoridad alguna tome cartas en el asunto.
Ya no únicamente son los llamados “paseos de la muerte” que tanto dolor han causado, sino que ahora, más que antes, hacerse un tratamiento completo se convirtió en un infinito calvario, obvio, para quien lo logre. Son muchos los casos en los que los pacientes terminan en la morgue, por cuenta de lo que a diario sucede en clínicas y hospitales.
Todo empieza con la obtención de una cita con el médico general que dependiendo de la época puede demorar varios días, o, semanas. Sigue con el otorgamiento de la cita del correspondiente especialista que, como todo sabemos, puede durar semanas y hasta meses. Continúa con la realización de los exámenes requeridos para asegurar el tratamiento adecuado con cita previa que nadie advierte. Prosigue con la espera de los resultados y termina con una nueva espera para lograr la cita de control para saber el tratamiento a seguir o la correspondiente intervención quirúrgica que también puede tardarse eternidades. Este recorrido puede tomar varios meses y, aunque parezca extraño, hasta años dependiendo si debe o no hacer valer sus derechos a través de la tutela como último recurso.
Es increíble pero, por no tener otra alternativa, la mayoría de los colombianos hemos tenido que “acostumbrarnos” a padecer este interminable suplicio. Todos hemos tenido que soportar, resignados y con paciencia, las largas horas, los eternos días y los perpetuos meses para que “traten” nuestros padecimientos. Pero son aún más sorprendentes las recientes decisiones tomadas cuando los pacientes requerimos la realización de exámenes clínicos especializados.
Ya éstos no se pueden realizar en un mismo edificio como ha sido la tradición sino que ahora todos debemos andar de un extremo de la ciudad al otro en busca de los diferentes laboratorios especializados. Y si esto es grave, es aún más incomprensible lo que está sucediendo a lo largo de este tortuoso deambular. Nadie sabe con precisión en qué lugar debe hacerse cuál examen; nadie da razón de nada. Y cuando el paciente logra llegar a las instalaciones del laboratorio no hay señal alguna que le indique qué es lo que debe hacerse y menos en qué consultorio, sala u oficina. Nadie tiene informes de nada. El paciente debe adivinar, dar vueltas, preguntarle a todo el que se le atraviese, escudriñar cuanto ilegible aviso encuentra, caminar por los pasillos, curiosear y… nada. Cuando por casualidad llega a la oficina acertada en la que encuentran lánguidos rostros esperando no se sabe qué, tampoco nadie sabe nada. El aparato dispensador de turnos no tiene fichas disponibles. Tampoco hay señal alguna. Nadie sabe si sentarse, o preguntar, a ¿quién? Unos dicen que en la ventanilla y otros que en las sillas desocupadas. En fin… toda una odisea.
Todo es debido, sin duda, al gigantesco poder que tienen las EPS y las IPS frente a la enorme debilidad que vivimos todos los que las necesitamos ya sea para enfrentar nuestros quebrantos de salud o para prevenir alguna enfermedad de esas que ya no tienen cura. Y todo por culpa de la famosa ley 100 que tan a mala hora fue aprobada por los legisladores colombianos, convirtiendo la salud en una mercanía sometida al vaivén de las ganancias de las empresas promotoras de salud.
¿Hasta cuándo? Ojalá algún día estas empresas entiendan que la salud es un derecho que todos los colombianos tenemos y que en consecuencia son los intereses de sus pacientes los que se deben imponer por encima de sus propias motivaciones organizacionales. Es triste saber que las perspectivas no son nada halagüeñas y que, por el contrario, se espera que los niveles de atención cada día desmejoren más.
ALFILER: El descaro y el sesgo ideológico y político de nuestros dirigentes no tiene límites. ¿Cómo se explica que una persona como Aida Merlano, detenida y procesada por múltiples delitos, haya sido habilitada por el Consejo Nacional Electoral para posesionarse en la próxima legislatura? ¿Qué deberá pasar para que estos “magistrados” cumplan su función de castigar la corrupción y el delito? Y es más incomprensible aún cuando han sido los mismos políticos –no magistrados- los que le negaron a la ciudadanía la revocatoria del mandado del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. ¿Será que ese es el camino que hay que recorrer para que en Colombia suceda lo que acaba de pasar en México, donde el candidato de izquierda ascendió al poder por culpa de las irracionalidades y las mezquindades de sus dirigentes?
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